Declaración juramentada a "veedores que certifiquen no estar vinculados a papeles de deuda"
Virgilio Hernández, dirigente del movimiento Revolución Alfarista.
Se refirió al informe de Contraloría, que determinó indicios de responsabilidad penal contra Rafael Correa y otros por la deuda pública, trazando que el objetivo primordial es llevar a la cárcel al ex Presidente de Ecuador. Y planteó que los integrantes de la comisión veedora de la deuda pública certifiquen, mediante declaración juramentada, que nunca han sido tenedores ni intermediarios para la compra de papeles de la deuda, es decir, no tener intereses contrarios a los del Estado ecuatoriano. Advirtió, además, que con el accionar de la Contraloría se estaría buscando generar nerviosismo en el mercado para que bajen los papeles de la deuda ecuatoriana y se generen ganancias particulares. Así también se declare un default con China, y que las únicas opciones del país sean el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
El objetivo es llevar a la cárcel al ex Presidente Rafael Correa, coincidió Hernández, tras el informe de Contraloría sobre la deuda pública.
“Raya tanto en lo ridículo que, básicamente, lo que hace, para que el pueblo ecuatoriano pueda tener claro, el Contralor arrogaste funciones que no le corresponden, ahora se arroga funciones del Contencioso Administrativo”, mencionó.
“¿Qué es un decreto? Es un acto administrativo”, indicó Hernández sobre el documento por el cual se le incluyó en la lista de la Contraloría al ex Primer Mandatario.
“Si ese Decreto es inadecuado, se tenía que haber acudido a Tribunal Contencioso Administrativo o a la Corte Constitucional o la propia Asamblea Nacional. Lo que dice el Contralor dice que está en desacuerdo con el Código de Planificación y Finanzas Públicas porque con ese Código se derogaron varias leyes que sí sacrifican al pueblo ecuatoriano y a los intereses del Estado en función de los tenedores de la deuda”, sostuvo.
Acerca de la veeduría del examen a la deuda, Virgilio Hernández pregunto: “¿No será que, en este informe de la Contraloría, también no hay intereses precisamente de quienes tienen, de alguna forma, intereses contradictorios con el Estado?”.
“El asambleísta Esteban Melo en dos solicitudes que le ha planteado al Contralor General, le ha señalado si él verificó si todos y cada uno de quienes conforman la comisión veedora no tienen intereses contrapuestos, de la misma manera, sería bueno que todos y cada uno de los de la comisión veedora puedan establecer una declaración juramentada (en la que digan que) ni antes ni ahora han sido ni tenedores ni intermediarios para la compra o recompra de papeles de la deuda”, mencionó.
“¿No será que con esto, además, lo que se está generando es buscar un nerviosismo en el mercado, que bajen los papeles de la deuda ecuatoriana y que, en el futuro, esto generen pingues ganancias? ¿No será que con este informe también están atrás personas interesadas en llevarnos a un default con China y que lleve a que los únicos mecanismos de endeudamiento que tenga el país sea con el Fondo Monetario, el Banco Mundial y con las condiciones que aplican esos organismos?”, preguntó.
Hernández añadió: “¿No será que con este informe de la deuda no se quiere derogar el 40 por ciento? ¿No será que el interés sea subir este margen, 40 por ciento, en la relación deuda-PIB para beneficiar a personas que tienen intereses contradictorios con el Estado?”.
En los pedidos del 9 y 28 de enero, Melo también le pide a Pablo Celi que entregue copias certificadas de los documentos en base a los cuales ejerce la labor de Contralor Subrogante.
“Debe demostrar que está actuando, efectivamente, con apego a lo que dice la Constitución y la ley y que él es la persona que le corresponde actuar en dicha función”, indicó.
“Hasta ahora” no ha contestado, dijo Hernández: “Han pasado 4 meses, no es capaz de responder esta pregunta”.
“El Contralor le responde al asambleísta Melo y le dice: usted, no puede enviarme a mí preguntas directamente, sino, a través del Presidente de la Asamblea, el asambleísta Melo le dice: ojo, que usted está amparándose en un decreto que es establecido para los ministros, usted no es ministro, usted es parte de otra función del Estado, la Función de Transparencia y Control Social”, pormenorizó.
Melo le ha reiterado la pregunta y no existe una respuesta, acotó Hernández, quien sostuvo que, además, se le indagó sobre la base legal para la creación de la comisión veedora y sus funciones.
Cuestionó que, pasados 4 meses, el Contralor “no atine” a responder por la destrucción de los papeles que reflejarían su destitución.
El objetivo es llevar a la cárcel al ex Presidente Rafael Correa, coincidió Hernández, tras el informe de Contraloría sobre la deuda pública.
“Raya tanto en lo ridículo que, básicamente, lo que hace, para que el pueblo ecuatoriano pueda tener claro, el Contralor arrogaste funciones que no le corresponden, ahora se arroga funciones del Contencioso Administrativo”, mencionó.
“¿Qué es un decreto? Es un acto administrativo”, indicó Hernández sobre el documento por el cual se le incluyó en la lista de la Contraloría al ex Primer Mandatario.
“Si ese Decreto es inadecuado, se tenía que haber acudido a Tribunal Contencioso Administrativo o a la Corte Constitucional o la propia Asamblea Nacional. Lo que dice el Contralor dice que está en desacuerdo con el Código de Planificación y Finanzas Públicas porque con ese Código se derogaron varias leyes que sí sacrifican al pueblo ecuatoriano y a los intereses del Estado en función de los tenedores de la deuda”, sostuvo.
Acerca de la veeduría del examen a la deuda, Virgilio Hernández pregunto: “¿No será que, en este informe de la Contraloría, también no hay intereses precisamente de quienes tienen, de alguna forma, intereses contradictorios con el Estado?”.
“El asambleísta Esteban Melo en dos solicitudes que le ha planteado al Contralor General, le ha señalado si él verificó si todos y cada uno de quienes conforman la comisión veedora no tienen intereses contrapuestos, de la misma manera, sería bueno que todos y cada uno de los de la comisión veedora puedan establecer una declaración juramentada (en la que digan que) ni antes ni ahora han sido ni tenedores ni intermediarios para la compra o recompra de papeles de la deuda”, mencionó.
“¿No será que con esto, además, lo que se está generando es buscar un nerviosismo en el mercado, que bajen los papeles de la deuda ecuatoriana y que, en el futuro, esto generen pingues ganancias? ¿No será que con este informe también están atrás personas interesadas en llevarnos a un default con China y que lleve a que los únicos mecanismos de endeudamiento que tenga el país sea con el Fondo Monetario, el Banco Mundial y con las condiciones que aplican esos organismos?”, preguntó.
Hernández añadió: “¿No será que con este informe de la deuda no se quiere derogar el 40 por ciento? ¿No será que el interés sea subir este margen, 40 por ciento, en la relación deuda-PIB para beneficiar a personas que tienen intereses contradictorios con el Estado?”.
En los pedidos del 9 y 28 de enero, Melo también le pide a Pablo Celi que entregue copias certificadas de los documentos en base a los cuales ejerce la labor de Contralor Subrogante.
“Debe demostrar que está actuando, efectivamente, con apego a lo que dice la Constitución y la ley y que él es la persona que le corresponde actuar en dicha función”, indicó.
“Hasta ahora” no ha contestado, dijo Hernández: “Han pasado 4 meses, no es capaz de responder esta pregunta”.
“El Contralor le responde al asambleísta Melo y le dice: usted, no puede enviarme a mí preguntas directamente, sino, a través del Presidente de la Asamblea, el asambleísta Melo le dice: ojo, que usted está amparándose en un decreto que es establecido para los ministros, usted no es ministro, usted es parte de otra función del Estado, la Función de Transparencia y Control Social”, pormenorizó.
Melo le ha reiterado la pregunta y no existe una respuesta, acotó Hernández, quien sostuvo que, además, se le indagó sobre la base legal para la creación de la comisión veedora y sus funciones.
Cuestionó que, pasados 4 meses, el Contralor “no atine” a responder por la destrucción de los papeles que reflejarían su destitución.
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